Queridos diocesanos:
El Día del Trabajo obliga a reflexionar sobre el significado y valor del trabajo como contribución del ser humano a su propia edificación y a la construcción de la sociedad. La fecha ha perdido la fuerza reivindicativa que el movimiento obrero le dio desde el siglo XIX a las postrimerías del siglo XX, convertida hoy en una jornada para la celebración y el descanso, a veces políticamente motivada por intereses ajenos.
La aguda crisis económica y social que están padeciendo las sociedades del bienestar, provocada por una descapitalización financiera generalizada y una caída alarmante del desempleo, le da a la jornada de este año un significado más acorde con sus orígenes. Todos hemos de reflexionar sobre el origen de esta crisis y de todos depende poner remedio a esta situación, que está gravando la vida familiar y social de los que tienen menos recursos y dependen del salario mensual difícilmente mantenido en valor; pero que grava sobre todo la vida personal y familiar de los que han perdido su empleo. En España las últimas cifras estadísticas conocidas colocan ya la tasa de desempleo en el 20%, que en Andalucía se remonta al 27 %, y los parados superan los 4.600.000.
La «Declaración» de los obispos del 9 de noviembre de 2009, apunta a las causas profundas de la crisis y a sus víctimas: la familia, tan escasamente protegida en España, muy por debajo de lo que hacen las grandes economías de la Unión Europea; los jóvenes, que se ven gravemente impedidos a la hora de fundar una familia; los pequeños y medianos empresarios, agricultores y ganaderos; y sobre todo, la población inmigrante.
La Iglesia no tiene soluciones técnicas, pero cuenta con la palabra de Dios, que ilumina el sentido trascendente de la vida humana fundada en la dignidad y los derechos de la persona humana, creada a imagen de Dios. Por eso, más allá de toda lógica mercantil, como observa Benedicto XVI al definir la verdadera identidad del «desarrollo humano integral», la moralidad pública se ha de regir por el criterio del bien común, principio rector de la vida social y pública, y “responsabilidad de toda la comunidad política” (Encíclica Caritas in veritate n. 36).
No deja de sorprender que todo el esfuerzo realizado por la sociedad, para sacar adelante la capitalización financiera que permitiera a los bancos disponer de crédito y capacidad de financiación de la empresa, con la consiguiente contribución a la generación de empleo, arroje en algunos casos ganancias cuantiosas, que, sin embargo, no podrán beneficiar a los trabajadores desempleados y a sus familias mientras no repercutan en la creación de empleo; siendo así que el saneamiento de los bancos está suponiendo un alto costo a toda la sociedad.
La doctrina social de la Iglesia enseña que el bien común es el bien mayor que se ha de anteponer a los intereses de todos los sectores sociales, incluido el beneficio que de una situación en crisis puedan sacar las corporaciones políticas y los gremios sindicales. Una politización de la crisis que se niegue a ignorar sus causas profundas es algo contrario al bien común. Hay que añadir además que también las agrupaciones de los trabajadores, sin desviarse de sus propios fines, están llamadas a contribuir al afianzamiento del bien común como criterio de la acción sindical, hoy en gran medida sostenida por el dinero público. Las organizaciones de los trabajadores no pueden ceder a la tentación de la burocratización, que se aleja de los objetivos y fines que dieron origen a los sindicatos, ni hacer del apoyo al poder político salvaguarda de los propios intereses de forma insolidaria. Cuando falta el trabajo, es la dignidad del hombre la que sale menospreciada y el progreso de la sociedad se colapsa. La crisis de empleo que padecemos tiene que hacer comprender a todos el envilecimiento que representa la promoción de una cultura en la que se hurta el compromiso del trabajo y se busca el enriquecimiento fácil corrompiendo el sistema de producción con fines primordialmente sociales y justa remuneración: el único que puede garantizar la estabilidad social y el progreso.
Juan Pablo II puso de relieve cómo el trabajo es un bien del hombre, “porque mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre, es más, en un cierto sentido «se hace más hombre»” (Encíclica Laborem exercens, 1981, n.9c). Cuando el trabajo se convierte en actividad clandestina pierde su dimensión social, la solidaridad humana que genera el trabajo, mediante el reparto de los bienes que produce, se oscurece. El trabajo clandestino pierde su dimensión social, porque sustrae sus beneficios a su participación solidaria por el cuerpo social, dejando sin garantía el bienestar de las sociedades socialmente avanzadas. Por esta razón, para salir al paso del desempleo, decía Juan Pablo II en la encíclica sobre el trabajo, que corresponde al “conjunto de las instancias a escala nacional e internacional responsables de todo el ordenamiento de la política laboral” que el Papa define como «empresarios indirectos», el deber de proveer una “coordinación justa y racional, en cuyo marco debe ser garantizada la iniciativa de las personas, de los grupos libres, de los centros y complejos locales de trabajo”; todo ello teniendo en cuenta el carácter personal y social del trabajo, siempre prioritario, y “las justas proporciones entre los diversos tipos de empleo”: algo que no resulta posible si no lleva aparejado “un adecuado sistema de instrucción y educación” (Laborem exercens, n.18). Un planteamiento de este género deja ver el verdadero significado del trabajo humanizador para el desarrollo humano a la luz de la fe en Dios. Como dice Benedicto XVI, lo que permite hablar de verdadero desarrollo, y no sólo de incremento o evolución, es el destino trascendente del hombre (Caritas in veritate, 2009, n.29). Una cultura sin Dios deja el significado del trabajo humano sin verdadero calado humano.
Con mi afecto y bendición.
Almería, 1 de mayo de 2010
+ Adolfo González Montes
Obispo de Almería
